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Movilidad al alcance de un impuesto en Quintana Roo

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La movilidad en Quintana Roo es un tema que urgía tratar desde hace tiempo. Pero su incorporación a la agenda pública parece que nos la cobran a los ciudadanos con recaudación. Así no vamos a parecer Europa, la neta, y menos porque poco o nada se ha abonado verdaderamente a la movilidad.

Vamos por lo más reciente: la propuesta del diputado José María Chacón Chablé.

Él propuso que sea el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Movilidad, el que dé las licencias de conducir. Co ello obtendría la recaudación por dicho trámite, lo que es una clara táctica legislativa para incrementar los niveles recaudatorios del gobierno que encabeza Mara Lezama. Le están haciendo la chamba. ¿Sí o no?

Apenas se turnó a comisiones, pero esta medida, más allá de los argumentos esgrimidos en su propuesta, se une a otras modificaciones que se impulsan desde el Congreso del Estado y que sólo son para sacar una feria.

Nos referimos con precisión a la Ley Antialcohol que promovió principalmente Guillermo Brahms González.

Esa medida modifica el artículo 186 de Código Penal. Dice que quien viole el Reglamento de Tránsito y esté bajo los influjos de alguna sustancia tóxica se le castigará con una sanción penal. La pena va de los seis meses a dos años de prisión y de 100 a 200 días de multa, y las penas se duplicarán si se causa una incapacidad parcial o total permanente o provoque la muerte a un tercero.

Brahms tiene razón en la defensa de que el castigo por conducir intoxicado ya existe, pero antes de esa reforma su punibilidad iba de los 25 a los 200 días de multa. El delito no era causal de cárcel como sí se expresa en la modificación ya aprobada en el Congreso.

A lo que le apuesta la propuesta de Guillermo no es a violentar los derechos humanos como defienden los empresarios de Cancún, por lo que, aseguran, rechazan la reforma.

No dar una vida digna sí es violatorio a los derechos humanos

(No dar vacaciones conforme a ley, declarar en ceros las carátulas fiscales para no pagar utilidades, subcontratar para evitar la antigüedad, y dar salarios paupérrimos bajo la premisa que sus colaboradores viven de las propinas, eso, señores empresarios, sí es atentar contra el derecho una vida digna de sus trabajdores).

Los diputados que impulsaron esa medida creen que simplemente habrá más dinero en las arcas del estado. Sólo eso. Ni siquiera tiene que ver con el miedo de manejar intoxicado y ser detenido en flagrancia e ir a la cárcel. Ir a prisión por cometer un delito al volante estando o no borracho ya está normado en otros artículos del Código Penal. Basta ver el 107, el 112 o el 182 por mencionar algunos, y pese a ello siguen deteniendo a conductores intoxicados.

La misma lógica recaudatoria aplica con la modificación al artículo 58 de la Ley de los Municipios que propuso Chacón Chablé. Haciéndole el trabajo al Gobierno del Estado para tener, gota a gota más y más recursos.

Los municipios afines

A ver si los municipios, más allá de las afinidades políticas que al menos nueve de ellos tienen con el Gobierno del Estado y con la federación, dejan en manos de otra entidad la recaudación por la expedición de licencias de manejar. Son recursos propios, de los pocos, que tienen los ayuntamientos en sus leyes de ingresos.

Es probable que la XVII Legislatura no olvida que en la agenda está la propuesta de que los motorrepartidores paguen un permiso de mil varitos anuales. Eso fue un regalo que dejó en la mesa la ex diputada Erika Castillo Acosta pero que no ha cuajado hasta ahora.

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