Aprueba Senado, en lo general, reformas a la Ley Federal de Consulta Popular.
Con este instrumento de participación directa, la ciudadanía será protagonista en las políticas públicas del gobierno: Ricardo Monreal.
Con 91 votos en favor y 24 en contra, el Senado de la República aprobó, en lo general, la minuta que envió la Cámara de Diputados para actualizar la Ley Federal de Consulta Popular con las reformas constitucionales en esta materia.
El proyecto de decreto establece que las consultas populares podrán ser anuales y llevarse a cabo el primer domingo de agosto; además, introduce este mecanismo de participación ciudadana para temas de trascendencia regional, que son competencia de la Federación.
Además, señala que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de la promoción y difusión de estos ejercicios de democracia participativa. Precisa que el resultado de la consulta popular será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Incluye temas que no pueden ser objeto de consulta popular: la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular, el sistema financiero, el Presupuesto de Egresos de la Federación y las obras de infraestructura en ejecución.
El documento menciona que tampoco podrá consultarse la restricción de los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales de los que México es parte.
La reforma perfecciona el proceso de recolección de firmas, pues incorpora la digitalización para la obtención de éstas.
Para el caso de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos podrán solicitar una consulta popular con el respaldo de “al menos, el dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores”.
Respecto de las consultas regionales, se requerirá el mismo porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal de electores del estado o estados que correspondan.
El dictamen dispone que los ciudadanos deberán presentar su solicitud de petición de consulta popular, ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión. Cada Cámara contará con un plazo de 20 días naturales contados a partir de la recepción de la petición para votar el respectivo dictamen.
El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, destacó que el Congreso ha dotado los medios necesarios para que la ciudadanía sea participe y se convierta en protagonista de las políticas públicas del gobierno. La consulta será una forma de expresión de la voluntad de la sociedad en la conducción del Estado, señaló.
De esta forma, mencionó, se ha transitado hacia una democracia de participación directa y se han disminuido las restricciones del derecho de la ciudadanía a las consultas populares. Ahora, abundó, se genera un procedimiento más sencillo, accesible y permanente para este instrumento de participación directa.
Monreal Ávila dijo que la reforma evita una contradicción de la ley con la Constitución Política. Después de muchos años, agregó, ahora la población tendrá el derecho de acudir a votar a una consulta popular.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, destacó que con la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Consulta Popular se concreta la lucha para darle voz a los ciudadanos.
Con estos cambios legales, explicó la legisladora, se actualiza y armoniza el sistema jurídico nacional. Se logra que el contenido de esta ley sea acorde con la Constitución Política, subrayó.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera Rivera, precisó que el dictamen también regula el supuesto de petición de consulta realizada por el Ejecutivo Federal, o por el 33 por ciento de los integrantes de algunas de las Cámaras del Congreso de la Unión, la cual deberá ser aprobada por la mayoría de cada una de ellas.
Comentó que este ordenamiento no ha tenido reformas desde su publicación en 2014, de modo que actualmente su texto es discordante con la Constitución, de ahí la importancia de llevar a cabo su actualización.
En tanto, el senador Martí Batres Guadarrama, de Morena, llamó a aprobar la reforma en los términos en que se envió por la colegisladora, pues su contenido es correcto; además, se debe evitar que la omisión del Legislativo en esta materia se convierta en un proceso, en que el INE, se apropie de facultades que no le corresponden.
El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, dijo que es necesario impulsar un verdadero ejercicio de participación ciudadana, donde sea la gente y no sólo el gobierno, quien decida cuáles son las prioridades. “Ojalá esta figura se convierta en una herramienta para que la ciudadanía pueda opinar si está a favor o en contra de varios temas”.
En tanto, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresó que el dictamen contiene una disposición de riesgo, ya que abre la posibilidad de que las y los ciudadanos voten por la abstención en un ejercicio de consulta. Esta previsión, advirtió, podría tener graves consecuencias en la legitimidad de las decisiones que pretendan avalarse.
El senador Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, presentó un voto particular sobre el dictamen para eliminar la figura del voto en abstención, ya que es una práctica exclusivamente parlamentaria y no de carácter electoral. “La votación en abstención no se consulta, pues consiste en no ejercer su derecho y obligación de votar al no presentarse”.
Joel Padilla Peña, senador del PT, destacó la introducción de la consulta popular de trascendencia regional, la cual permitirá a las comunidades abordar problemáticas específicas que afectan a diversas poblaciones.
A su vez, el senador Marco Trejo Pureco, de la bancada del PRD, aseguró que la figura de la consulta popular ha fortalecido la democracia en nuestro país. Sin embargo, puntualizó, esta reforma establece que, de alcanzar el 40 por ciento de la participación, el resultado será vinculatorio, un elemento que, de aprobarse, distorsionará el espíritu de este instrumento.
